Las administraciones públicas deben ser un ejemplo en el buen uso de la energía, asumiendo un compromiso propio de autosuficiencia y ahorro energético que sirva de referencia a la población en general. Es necesario cambiar el modelo actual de las contrataciones públicas, introduciendo criterios de eficiencia energética en cualquier suministro o servicio energético que demande la administración.

Existen ya a través de nuestras instituciones regionales, Planes de Optimización Energética en las instalaciones municipales (ayuntamientos, espacios deportivos, piscinas públicas, alumbrado, red semafórica, etc.), así como el uso de biocarburantes en el transporte público o la implantación de fuentes de energía renovables en sus innumerables dependencias.

Como ilustración podemos citar que instalaciones fotovoltaicas en centros escolares de por ejemplo 10 Kwh., ocuparían unos 90 m2 y aportarían unos ingresos anuales de cerca de 6.000 €, que se facturarían a la compañía eléctrica. Además, en Andalucía ya que tenemos un alto número de horas de sol, el rendimiento sería elevado. El hecho de estar situadas en edificios públicos haría que el beneficio económico fuese para la misma administración, que hace los gastos de instalación y gestión.